SIN RECURSOS. La mayoría de las comunas provinciales declararon la emergencia económica y financiera con suspensión de pagos.
Gran parte de los municipios correntinos atraviesan un escenario financiero delicado, marcado por el sobregasto registrado durante el último año electoral. Mientras se busca evitar un default mediante la colocación de bonos de deuda, desde distintas intendencias advierten una reducción en el envío de fondos provinciales debido al ajuste nacional y a la recesión.
Para comprender la relación política entre el gobernador Juan Pablo Valdés y el Gobierno nacional, el mandatario fue consultado sobre su vínculo con la Casa Rosada y sostuvo en declaraciones a Radio Sudamericana: "Estoy seguro de que el Presidente, en algún momento, les va a decir a los argentinos exactamente cuál es el plan para salir adelante". Vale recordar que los legisladores nacionales por Corrientes acompañaron con su voto el Presupuesto Nacional 2026.
En este contexto, el Gobierno provincial respaldó la mayoría de los proyectos impulsados por la Administración Nacional, aunque hasta el momento no obtuvo definiciones favorables en cuestiones sensibles para la provincia, como el financiamiento de la obra pública paralizada y la situación del Instituto de Previsión Social.
El ajuste comienza a sentirse con mayor fuerza en los municipios. Desde la oposición política aseguraron que la reducción en el envío de fondos no resultó sorpresiva, incluso en comunas gobernadas por dirigentes afines al oficialismo provincial. Según esta mirada, el problema central no radica únicamente en la merma de recursos nacionales.
Esta lectura fue respaldada por un informe del Ministerio de Hacienda de la Nación, que señaló un déficit acumulado de $180.000 millones en los últimos tres trimestres en las cuentas provinciales. El documento refuerza las advertencias sobre la fragilidad fiscal y la necesidad de ajustes para recomponer el equilibrio financiero.
En la comuna de Paso de la Patria, la nueva gestión declaró la emergencia económica y financiera hasta diciembre de 2026 luego de encontrar la caja en cero, presuntas irregularidades graves y una transición definida como "irregular, anormal y contraria a toda lógica administrativa".
Por su parte, en Gobernador Virasoro se suspendieron pagos acumulados desde 2017 hasta 2025 y, ante la falta de recursos genuinos, el Municipio decidió compactar y vender como chatarra motocicletas secuestradas para intentar obtener ingresos mínimos.
En la ciudad de Mburucuyá, el Banco de Corrientes confirmó la desaparición de unas 40 chequeras que habrían quedado en manos de ex funcionarios, mientras el intendente Edgard Galarza Florentín denunció el vaciamiento de la cuentas, deudas ocultas y documentación clave no entregada, preparando un informe para avanzar judicialmente contra la gestión saliente de "Kelo" Guastavino, alineada con el oficialismo provincial.
En Mercedes se presentó una denuncia penal contra la administración anterior y se anunciaron recortes forzados para poder sostener el funcionamiento básico del Municipio, mientras que en la ciudad de Santa Rosa la pérdida de talonarios de cheques y transferencias electrónicas realizadas hasta el último minuto antes del cambio de mando derivaron también en la declaración de emergencia económica.
A estos casos se suman las municipalidades de Corrientes, Goya, Curuzú Cuatiá e Ituzaingó, donde las transiciones políticas, aun dentro del mismo signo partidario, esconden algunas dificultades y compromisos financieros que nadie quiere asumir públicamente.
La situación llegó al punto, por ejemplo, de que la intendenta de Bella Vista, Noelia Bazzi, debió suspender la Fiesta Nacional de la Naranja para priorizar el pago de servicios esenciales.
En este clima de "tierra arrasada", numerosos municipios anticiparon que deberán recurrir al auxilio del Gobierno provincial para poder pagar sueldos y aguinaldos.
