Tras una fiscalización integral, el Gobierno porteño suspendió más de 5.000 raciones no justificadas y cerró 40 comedores que no entregaban alimentos.
La Ciudad de Buenos Aires profundizó este año una transformación estructural en su sistema de asistencia alimentaria, con el objetivo de asegurar que la ayuda llegue sin desvíos y con total trazabilidad a quienes realmente la necesitan.
El Gobierno porteño implementó un esquema basado en controles diarios, herramientas digitales y eliminación completa de intermediarios, que permitió detectar irregularidades en distintos puntos de entrega y cerrar 40 “comedores fantasma”.
Actualmente, más de 250.000 personas reciben asistencia alimentaria a través de comedores, centros de primera infancia, paradores para personas en situación de calle, espacios de jubilados y el programa Ciudadanía Porteña.
La modernización del sistema convirtió esta red en un circuito monitoreado en cada etapa: la recepción de mercadería, la entrega de raciones y la identificación individual de beneficiarios.
Nueva aplicación
Ese cambio se consolidó con la implementación de una nueva aplicación desarrollada para registrar a cada persona que recibe un plato de comida, verificar necesidades específicas y reportar irregularidades en tiempo real.
A través de esta herramienta, cada ración queda trazada y cada movimiento puede ser auditado. Según fuentes oficiales, este método permitió por primera vez fiscalizar de manera completa más de 500 comedores, incluidos los proveedores de alimentos.
El operativo integral dejó al descubierto inconsistencias en algunos espacios comunitarios: más de 5.000 raciones no pudieron ser justificadas y la Ciudad decidió suspender de inmediato su envío. En 40 casos, los responsables directamente no estaban entregando la comida destinada a las familias, motivo por el cual fueron cerrados. Desde el Ejecutivo local remarcan que el foco no está en la cantidad de irregularidades detectadas, sino en el salto de calidad institucional que permitió identificarlas.
“Terminamos con un sistema que durante años les permitió a los gerentes de la pobreza hacer negocios con el hambre de la gente. Hoy eso se terminó”, afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.
“Sacamos a los intermediarios e incorporamos un sistema que nos da visibilidad total: sabemos a dónde va cada ración, quién la recibe y cómo se usa cada peso. Ahora cada persona accede con su DNI, sin punteros, sin listas manejadas por nadie”.
Negociación política
El ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, reforzó esa idea: “En la Ciudad, la comida dejó de ser un factor de negociación política. Todos nuestros programas tienen condicionalidades claras y están completamente desintermediados. Un plato de comida no puede terminar en alguien que no corresponde, y mucho menos en la política”.
La transformación también involucró al programa Ciudadanía Porteña, que desde 2025 funciona con inscripción 100% virtual y pagos digitales a través de Buepp, la billetera electrónica del Banco Ciudad. El Gobierno porteño proyecta para 2026 una ampliación de rubros y comercios habilitados, con más de 160 puntos donde los beneficiarios podrán adquirir alimentos de manera directa y sin intermediarios.
La apuesta oficial apunta a construir un sistema alimentario más preciso, eficiente y transparente. La centralización de datos, el registro unificado y el seguimiento individual permiten eliminar trámites manuales, mejorar la calidad de cada intervención pública y optimizar el uso de recursos. Con estas medidas, la Ciudad busca consolidar una política alimentaria moderna que responda a necesidades reales y fortalezca a los comedores que trabajan de manera comprometida y transparente.
El objetivo hacia 2026 es claro: garantizar que la asistencia llegue a cada familia sin desvíos, proteger los fondos públicos y terminar con prácticas que, según el Gobierno porteño, durante años distorsionaron el acceso a los alimentos en los sectores más vulnerables.
